• Reproducción de la entrevista a Nuria Hernández-Mora, socia de la Fundación Nueva Cultura del Agua y miembro de la Cátedra del Tajo UCLM-Soliss, aparecida en El Español y realizada por María Marañón.

 

16 marzo, 2022

María Marañón

La cofundadora de la Fundación Nueva Cultura del Agua analiza la situación de los recursos hídricos en España y califica al trasvase Tajo-Segura como «locura ‘ingenieril'».

Transcribo la entrevista a Nuria Hernández-Mora en un día lluvioso. Es experta en gestión de recursos hídricos, planificación territorial y sostenibilidad ambiental. Cofundadora de la Fundación Nueva Cultura del Agua, promueve, desde hace 20 años, una gestión más racional y sostenible de la política de aguas.

Su fundación, explica, está formada por profesionales procedentes de diferentes ámbitos (académico, empresarial, cultural, social…) que comparten una «visión del agua como patrimonio que hay que proteger y gestionar con criterios de sostenibilidad, transparencia y equidad».

Cuentan, además, con varias líneas de trabajo. Estas, cuenta Hernández-Mora, pasan por la interlocución con las Administraciones públicas responsables de gestionar el agua y con la sociedad, y el apoyo a movimientos sociales que trabajan en el territorio para defender la visión del agua como patrimonio común.

«Igual que está socialmente aceptado que tenemos que proteger nuestro patrimonio histórico-artístico, hay que entender que nuestros ríos, nuestros ecosistemas acuáticos, nuestro paisaje son también parte de nuestro patrimonio», aclara.

¿Tiene España un problema de sequía?

La sequía es una característica intrínseca de nuestro clima mediterráneo. Generalmente, cada 10 años tenemos un periodo de sequía más o menos intensa. Llevamos una racha con menos lluvia, pero no parece que sea una sequía especialmente severa. Lo que hay en España es un problema de escasez de agua, que no es lo mismo que sequía. Las demandas de agua exceden los recursos disponibles.

Por ello, el problema no es tanto la sequía sino cómo gestionamos el agua. En España hemos puesto tal presión –de extracción, alteración y contaminación– sobre el ciclo hidrológico natural y los sistemas dependientes, que tenemos poco margen de maniobra cuando llega una sequía. En las cuencas hidrográficas del Guadalquivir, el Guadiana, el Segura y el Júcar, por nombrar algunas, los derechos concedidos superan los recursos existentes.

Si el diagnóstico es tan claro, ¿por qué las administraciones no resuelven los problemas? ¿Qué presiones hay?

Desde el punto de vista científico, el diagnóstico está claro. Las directivas europeas están en línea con estos consensos científicos. Además de un problema de escasez, de sobreexplotación, de ocupación de la llanura fluvial, hay uno muy grave que es la pérdida de calidad y contaminación de las fuentes de abastecimiento, fundamentalmente, por contaminación difusa de actividades agrarias.

En 1996, una publicación del Círculo de Empresarios sobre política y economía del agua en España hablaba de “comunidad política del agua”. Estaba formada, según los autores, por tres lobbies: regadío, grandes empresas constructoras e hidroeléctricas. Son los principales beneficiarios de las grandes infraestructuras hidráulicas. Por ejemplo, el regadío consume el 80% del agua en España. Muchos analistas afirman que esta “comunidad política del agua” tiene capturada a la administración del agua. En gran medida eso ha sido cierto, aunque quizá esté empezando a cambiar.

¿A qué se debe esta situación?

Hacia 1920, España fue pionera en la gestión por cuencas hidrográficas con la creación de las primeras confederaciones hidrográficas. Desde el principio, estas confederaciones de carácter público se crearon como una simbiosis entre la administración y los usuarios económicos. Han sobrevivido a todos los regímenes políticos. Cuando llega la democracia, se incorporan las CC.AA., y algunas voces casi testimoniales de grupos ambientales y sindicatos.

¿Por qué no ha cambiado la situación con la democracia?

El interlocutor natural de estas confederaciones gestoras del agua han sido siempre los usuarios económicos que tienen unos intereses claros. Quieren agua para sus actividades económicas productivas. Creo que no hay que infravalorar los beneficios del desarrollo hidráulico durante el siglo XX. También los costes han sido importantes. La España de hoy en día tiene otras necesidades: el objetivo tiene que ser garantizar la sostenibilidad.

Se está empezando a producir un cambio gracias a la Directiva Marco de Agua de la UE(2000), que ha impuesto nuevos objetivos de conservación y recuperación del buen estado del agua y de los ecosistemas. Pero este cambio de orientación encuentra una resistencia enorme por parte de la tradicional “comunidad política del agua”.

Usted ha trabajado en la gestión del Tajo desde la perspectiva científica y en apoyo a movimientos sociales y agrupaciones ambientales. ¿Es sostenible el trasvase Tajo-Segura?

El trasvase del Tajo-Segura es una locura ingenieril. Hoy sería inconcebible diseñar un trasvase grande desde la cabecera de un río, pues condiciona la gestión de toda la cuenca. Fue una idea de la República. Los grandes embalses que abastecen el trasvase en la cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, se terminaron en los años 50. El trasvase se empieza a construir en 1971, cuando se aprueba la ley del trasvase y empieza a funcionar en 1982.

¿Es cierto que cada vez hay menos agua en la cabecera del Tajo?

Desde que se aprobó el trasvase hasta ahora se observa una reducción de las aportaciones naturales de agua en la cabecera del Tajo de un 50%. Una disminución que comparten otros ríos peninsulares y tiene diversas causas, entre ellas el cambio climático. El trasvase se diseña para unas cantidades que ahora mismo ya son un 50% menores y que siguen disminuyendo. Está sobredimensionado.

Tampoco ha habido interés en poner coto en la cuenca del Segura a los usos y regadíos ilegales, con lo cual la demanda ha ido en aumento. Tienes una situación permanente de escasez provocada. No solo porque haya menos recursos de los planificados, sino porque se han generado unas demandas que exceden en mucho los recursos disponibles.

¿Y qué impacto tienen estas demandas generadas?

Los ciclos de insostenibilidad tienen impacto a largo plazo. El impacto ambiental del trasvase en la cuenca del Tajo, tan evidente a su paso por Aranjuez o Toledo, se retroalimenta y está llegando al Segura.

El colapso del Mar Menor está vinculado a los riegos del campo de Cartagena, que era una zona tradicional de secano hasta que empezó a transformarse masivamente en regadío con la llegada del trasvase. Cuando no tienen agua del trasvase, bombean agua subterránea que, tras años de cultivo y uso de fertilizantes intensivos, tiene una concentración altísima de nitratos.

Por ello, para poder regar se necesita someterla a un proceso de desnitrificación. De lo contrario, el agua tiene tantos nitratos que quema la planta. Los vertidos de esas desnitrificadoras –muchas ilegales– terminan en el Mar Menor.

Ante la aparición de miles de peces muertos en el Mar Menor, el supermercado alemán Aldi ha amenazado con no comprar hortalizas del Campo de Cartagena si no se resuelve el problema de contaminación.

Ese es el principio de la solución. Al final, somos los consumidores los que podemos influir con nuestras opciones de compra.

Se sabe que los recursos son cada vez menores. Se sabía que el Mar Menor estaba sufriendo un proceso de eutrofización acelerado. Además, este tipo de ecosistemas lacustres tienen un punto de no retorno. Pueden recuperarse de vertidos y extracciones si se dejan de presionar. Pero llega un momento en que la presión es tal que colapsa y su recuperación es muy difícil. Eso es lo que ha hecho el Mar Menor.

¿Pero es que Murcia ha basado su crecimiento y su riqueza en la agricultura?

El sector agrario en Murcia representa un 13% de empleo y un 4% del PIB.

Pues no es tanto.

Incluyendo el sector agroindustrial, te puedes ir a un 10% del PIB. Por eso, es un discurso creado por los políticos y los usuarios económicos. El 60% de la economía de Murcia viene del sector servicios. El Mar Menor, ahora en riesgo, es la gallina de los huevos de oro.

En mi opinión, es un tema serio de prevaricación. Los científicos llevan 25 años avisando, pero durante décadas ha habido una resistencia absoluta a ver esa realidad. Por otra parte, la disminución de los recursos del Tajo y su necesidad de recuperación hacen que el trasvase Tajo-Segura tenga los días contados.

Los responsables políticos tienen la responsabilidad de empezar un proceso de transformación socioeconómica, porque hay miles de familias que dependen de esto. Es su responsabilidad pensar a veinte años vista, no en el siguiente ciclo electoral. Ahora, poco a poco, debido al clamor social, se están tomando medidas.

¿Siguen siendo las multas por contaminación de recursos hídricos irrisorias?

En el ámbito estatal no son suficientes para ser disuasorias. En el ámbito europeo, pagamos cada mes multas millonarias por no cumplir dos directivas: por contaminación de nitratos y por la falta de depuración de aguas residuales.

La cantidad de pueblos pequeños y medianos que tienen sus fuentes tradicionales de abastecimiento, generalmente acuíferos, contaminados por nitratos es enorme. Desde la Fundación Nueva Cultura del Agua estamos elaborando un informe para llamar la atención sobre este problema y fomentar la protección de las las fuentes de agua.

¿Y cómo se abastecen?

Las soluciones más comunes son la conexión a otras fuentes de abastecimiento o la instalación de desnitrificadoras, con el coste que esto supone para el ciudadano.